El desarrollo de la oposición antifranquista en general, y de las Comisiones Obreras en par­ticular, no se entendería sin la aportación que hicieron los primeros despachos laboralistas que, recordemos, surgieron en España a raíz de que la Ley de Procedimiento Laboral de 1958 posibili­tara a los trabajadores la elección de sus propios abogados ante la Magistratura del Trabajo. Hasta esa fecha la defensa jurídica corría obligatoriamente a cargo de los letrados del sindicato vertical, claramente identificados con los intereses de la patronal y empeñados, desde posiciones pater­nalistas, en evitar cualquier conflicto laboral o social que alterase la paz de Franco. Los primeros abogados y abogadas laboralistas tuvieron, por tanto, que confrontar no sólo con la Magistratura, sino también con la propia jerarquía del sindicato vertical que, desde el comienzo, les puso innu­merables obstáculos con el objetivo de evitar que asesorasen a los trabajadores.